Alejandro
Arregocés y Luis Carlos Valenzuela
Quienes
son realmente liberales generan una profunda antipatía tanto en la derecha como
en la izquierda. Les tiende a ocurrir lo que le pasó a ese excelente escritor
cubano que es Cabrera Infante, quien fue expulsado por Fulgencio Batista, por
ser un sujeto desleal al régimen y pocos años después fue expulsado por Fidel
Castro, por ser un sujeto desleal al régimen. Creo que Cabrera Infante era un
excelente liberal a lo Mill; un regular liberal a lo Rawls y un deplorable
liberal a lo Buchanan.
El
liberalismo, en sus mejores exponentes, como podrían ser Locke, Kant y Mill o
en versiones más contemporáneas, Constant,
Bobbio y Berlin, es una defensa radical de la individualidad. De la individualidad
de todos, no de unos pocos.
El
liberalismo es la negación del teísmo medieval, del absolutismo hobbesiano, o,
en términos contemporáneos del comunismo, donde alguien decide por nosotros. En
las ideologías colectivas y mesiánicas hay alguien que tiene la verdad y ese
alguien debe ser seguido sin cuestionamiento alguno. Nuestros gustos, nuestras
esencias, o, para expresarlo en neoclásico, nuestras preferencias, pasan a
segundo plano. O, más bien, desaparecen.
El
problema es que las ideas, como la gente, a veces se van torciendo por el
camino. Por ejemplo, la reforma calvinista, que era la elegía del ascetismo, se
convirtió en el perfecto preámbulo de lo que en principio parecía su más temido
enemigo: el consumo conspicuo. Eso explica que Estados Unidos sea la tierra del
puritanismo Pilgrim y de Mickey Mouse.
Al
liberalismo le pasó algo similar y fue que para pasar de lo político a lo
económico tuvo un filtro fundamental que fue el utilitarismo de Bentham, que en
aras de simplificar a Hume y su concepción puramente emocional de la ética y
del bienestar, se inventó el utilitarismo. Con utilitómetro y todo.
Por
ese camino siguieron los austriacos y Marshall, que por la vía del marginalismo
sofisticaron el utilitómetro de Bentham y midieron la utilidad, como la
disposición a pagar. Y de pronto, así como sin darnos cuenta, las integrales
bajo la curva de demanda se nos convirtieron en la única medida de bienestar y
entonces la libertad, eso tan bonito que habíamos descrito antes, se nos
convirtió en la maximización de la integral. Así, todo se fue simplificando, o
con el mayor respeto, banalizando.
Esta
simplificación del concepto de utilidad, que genera serias distorsiones en el
concepto de libertad, fue fuente de gran alegría en la ciencia económica, ya
que le permitía pasar a sus practicantes de ese estado primario que eran las
discusiones de ética para efectos de determinar una noción de bienestar, a la
cuantificación de un bienestar definido como la disponibilidad a pagar. En ese
momento la economía dejó de ser una ciencia blanda que trataba temas menores
como la filosofía, para convertirse en una ciencia dura, con carácter
eminentemente positivo y evolutivo, como las profesiones realmente merecedoras
de respeto.
Esto,
sumado a la forma como de un plumazo las cajas de Edgeworth y los intercambios
paretianos se despacharon con el concepto de distribución, por su carácter
normativo y ajeno a la noción de eficiencia, le hicieron un gran daño a la
economía en su fundamentación del bienestar. Basta ver los currículums actuales
de las facultades de economía.
Esta
identificación plena de la utilidad con el liberalismo ha terminado validando
una serie de críticas que conducen a la exaltación de la intervención del
estado, promovida por los rent-seekers de izquierda: proteccionistas e
intervencionistas; y por los rent-seekers de derecha: proteccionistas e
intervencionistas. Siempre me ha sorprendido la afinidad entre los sindicatos
estatales y los terratenientes.
Con
el mayor respeto considero que el simplismo de una concepción de libertad y
bienestar que se mide, como en lista de hit parade, con índices
estructurados sobre percepciones y promedios; que ni siquiera requiere de
variaciones en los coeficientes de ponderación, lamentablemente poca utilidad tiene
para conducir a los países en desarrollo a la construcción de una sociedad y de
una economía realmente liberal.
El
verdadero liberalismo no privilegia los derechos individuales, cuando estos
socavan las condiciones sociales que hacen valiosa la libertad individual.
El
mercado, como bien lo expresa Hayek, es el entorno en que los individuos
expresan sus preferencias, su individualidad. Los precios no son otra cosa que
el equilibrio entre preferencias individuales y dotaciones existentes. El
mercado es la más respetuosa expresión de la individualidad; es, aunque me
caigan todas las ong encima, la
forma económica en que los agentes expresan su libertad. Desde esta
perspectiva, y estoy plenamente consciente de lo que esto me va a costar, los
precios son valores.
El
problema grave, lamentablemente no incorporado en los índices que hoy se
presentan, es que esto es válido tan solo cuando todos y cada uno de los
miembros de la sociedad se pueden constituir en agentes de mercado. En la
medida en que este no sea el caso, de nada sirve proteger una libertad que muy
pocos tienen derecho a ejercer. La libertad, aun la económica, primero hay que
crearla, para después defenderla.
Nuestro
nivel de desarrollo social nos conduce a acercarnos más al liberalismo de Rawls
que al libertarianismo de Nozick. Los índices que hoy se presentan son todo
Nozick y nada Rawls. Cabe recordar que aun Bentham, con sus maximizaciones de
placer y minimizaciones de dolor, hacía énfasis sistemático en que el objeto
era la mayor felicidad para todos. Repito, para todos.
Ese
para todos, expresado por Bentham, el real espíritu del mainstream
económico contemporáneo, es el que me permite afirmar que la libertad económica
es un concepto amplio que no se justifica en la mínima intromisión posible del
Estado, ni puede ser cuantificado exclusivamente por la contribución del
mercado libre a la obtención de un mayor pib.
Reducir
el concepto de libertad económica a la ausencia de intervención del Estado en
los mercados es desconocer la naturaleza institucional de dicha intervención y
la economía política que explica los complejos equilibrios y desequilibrios
económicos y sociales. Las libertades económicas se encuentran lejos de estar
restringidas a un problema de eficiencia.
En
forma alterativa a la concepción libertaria de Nozick, Sen (1993) plantea tres
aspectos fundamentales de libertad económica: (1) la oportunidad de conseguir
logros, (2) la autonomía para tomar decisiones y (3) la inmunidad frente a la
intromisión o invasión de terceros. Al índice de libertad económica le
preocupan básicamente los dos últimos aspectos, pero no el primero, el de las
oportunidades, que está estrechamente relacionado con la posibilidad real y
equitativa de ejercer las libertades económicas y transformarlas en bienestar.
Quienes
integran los mercados competitivos en condiciones institucionales adecuadas son
beneficiarios de la máxima eficiencia posible en la asignación de los recursos,
como lo demuestran los teoremas del bienestar; tienen la posibilidad de
expresar sus preferencias y elegir libremente, lo que los hace felices, como
señalan Hayek y Friedman.
Quienes
se encuentran excluidos de dichos mercados no gozan de libertad económica
porque no pueden revelar sus preferencias, ni ejercer su libertad de elegir, ni
beneficiarse de la eficiencia máxima que los mercados consiguen. Muy poco puede
contribuir un esquema de libre mercado al crecimiento y al bienestar del país
si la mayoría de la población se encuentra excluida de éste.
Es
sustancial lo que la intervención del Estado y las instituciones públicas
pueden lograr en materia de expansión de libertades económicas y justicia
distributiva de oportunidades sociales. Dos objetivos que los mercados
competitivos no pueden proveer por sí solos. Esto es North, en su versión más
básica.
La
definición de libertad económica como ausencia de restricciones gubernamentales
a las actividades económicas olvida no solamente el papel, ampliamente
difundido en la literatura de economía publica, que tiene el Estado en el
restablecimiento de la eficiencia en presencia de fallas de mercado, sino el de
su obligación central como Estado Social de Derecho de garantizar el acceso de
la población a los derechos de primera, segunda y tercera generación: derechos
fundamentales; derechos económicos sociales y culturales y derechos colectivos.
Tal vez por eso es que a nosotros, que sin darnos cuenta hemos sido educados
como libertarios, nos molesta tanto la Constitución.
En
términos de Rawls, una sociedad que puede decir que disfruta plenamente de sus
libertades económicas así como del resto de libertades fundamentales es una
sociedad bien ordenada, esto es, una
sociedad que se rige por la justicia y no por la eficiencia paretiana.
Salomón
Kalmanovitz señala acertadamente en su libro “Las instituciones y el desarrollo
económico en Colombia” que la razón por la cual sólo un parte reducida de la
población goza plenamente de libertades fundamentales se debe a que nuestras
instituciones han tendido a ser históricamente antiliberales; han tendido a incentivar
la inequidad.
Los
estudios sobre distribución del ingreso muestran que Colombia ha tenido una
tendencia histórica a la alta desigualdad dentro del contexto internacional. En
la actualidad, el 46,5 por ciento del ingreso se encuentra concentrado en el 10
por ciento de la población (Perry et. al, 2003). La inequidad perpetúa la
pobreza porque impide que las ganancias del crecimiento la reduzcan y
desacelera la expansión de libertades económicas en la medida en que restringe
el acceso de un conjunto de la población al trabajo, al crédito y a la
educación, al tiempo que aumenta su vulnerabilidad ante choques
macroeconómicos.
Carlos
Eduardo Vélez (2003) encuentra que el impacto de reducción de la pobreza del
alto crecimiento sostenido que experimentó la economía entre 1978 y 1995 fue
menguado por el empeoramiento en la distribución del ingreso. Estima que si la
desigualdad se hubiera mantenido constante durante el periodo, los ingresos de
la persona peor situada económicamente entre dos personas escogidas al azar,
hubieran sido un 18 por ciento mayores de lo que fueron en 1995 y un 23 por
ciento más elevados en 1999.
La
expansión y el ejercicio de las libertades económicas dependen del nivel de
desigualdad. Los cálculos de aumentos en ingresos que no están corregidos por
su distribución no nos dicen nada sobre la dinámica de las libertades
económicas.
Los
artículos de Juan Luis Londoño y Nancy Birdsall (1997) (2003) presentan
evidencia de lo anterior para el caso latinoamericano. La inequidad de activos
(capital humano y propiedad de la tierra) y del acceso al crédito afectan el
crecimiento económico, y éste a su vez, afecta desproporcionadamente el ingreso
de los pobres. La inequidad constituye la verdadera restricción de las
libertades económicas.
Vélez
estima que los aumentos de bienestar de los hogares están directamente
relacionados con la inclusión de las personas al mercado de trabajo y a la
oportunidad de educarse. Por ejemplo:
Hogares
que cuentan con un jefe de hogar: que no es bachiller, disminuyen la
probabilidad de ser pobres en 6 por ciento; que es bachiller, disminuyen la
probabilidad en 18 por ciento; que no terminaron la universidad, disminuyen la
probabilidad en 29 por ciento; que tienen un título profesional, disminuyen la
probabilidad en 46 por ciento.
La
evidencia, lo positivo, que tanto nos gusta a quienes aquí estudiamos,
demuestra que la única posibilidad que tienen las personas para ejercer
plenamente sus libertades económicas y derivar de ellas bienestar, es contar
con oportunidades educativas que puedan dotarlas con el nivel de calificación
laboral que demanda el sector productivo. En el corto plazo, el gasto público
social desempeña un papel fundamental en términos de asegurar los servicios
sociales mínimos y la protección social que las personas requieren para
integrarse a los mercados.
Quienes
se encuentran marginados de las oportunidades educativas y los mercados
laborales pasan a engrosar el sector informal de la economía como lo demuestran
Alejandro Gaviria y Martha Luz Henao (2001. El aumento de la informalidad
retrasa la incorporación del cambio tecnológico e impide que las ganancias de
eficiencia puedan ser distribuidas de forma equitativa. La informalidad empeora
la distribución de libertades económicas y el ingreso.
La
intervención pública para ejecutar programas de gasto público que no son
provistos por el sector privado por falta de incentivos y de gasto público
social que persiguen la inclusión de la población a los mercados no puede ser
considerada como una restricción a las libertades económicas.
El
libre funcionamiento de los mercados es deseable cuando permite a las personas
disfrutar y expandir sus libertades de forma equitativa. El mercado no es bueno
per se. Es bueno si consecuencialmente se puede probar, en positivo, que
es bueno. De otra forma, el mercado se nos vuelve teológico. Y a nosotros, que
nos gustan las ciencias duras, lo teológico no nos gusta.
En
Colombia el desastre real no ha estado tanto en el cuánto de la intervención
del Estado, sino en el qué y en el cómo, lamentablemente guiado por rent-seekers;
aquellos que están bien a la derecha y aquellos que están bien a la izquierda.
Aquellos que están bien. Los defensores de los aranceles agrícolas y de los
bancos públicos.
Cuando
el Estado decide gastar en aquello que ni la Constitución ni la racionalidad
económica consideran que es realmente “público” y beneficia a la colectividad,
pues se genera un escenario como el actual en el cual las erogaciones en
actividades que nada tienen de públicas o sociales, como los gastos de
inversión en hidroeléctricas, termoeléctricas y refinerías, y los gastos en
subsidios a la gasolina, entre otros, generan lo que se podría llamar crowding out social o desplazamiento del
gasto en actividades que son públicas y sociales en esencia, que hubieran
permitido la expansión de las libertades económicas; que hubieran permitido
acceder a un estado liberal.
El crowding
out social ha sido en este país profundamente más nocivo que el crowding
out financiero. Es más, el crowding out social, originado en la nula
claridad respecto a una función de bienestar que conduzca a la socialización
del ejercicio de la libertad, ha sido la causa real del crowding out
financiero.
Estos
desequilibrios, originados no en el exceso de lo público sino en el
desentendimiento de qué es realmente lo público, son los que excluyen, los que
restringen y los que concentran las libertades. Lo malo es que cuando las
libertades se concentran, las libertades desaparecen.
Si
lo que nos importa es plantear el bienestar y el desarrollo desde la
perspectiva de la promoción de libertades fundamentales y oportunidades
sociales, es indispensable que comencemos a entender la eficiencia en términos
de libertades, más que en términos de utilidades. Amartya Sen (1993) ha
demostrado formalmente que los resultados de los teoremas del bienestar de
Arrow y Debreu tienen validez si se plantea la eficiencia en el sentido
anterior. De esta forma la eficiencia contemplaría una situación en la cual un
equilibrio de mercado garantiza que no es posible disminuir la libertad de una
sola persona, aun si se incrementa la de todos los demás miembros de la
sociedad.
La
razón principal del argumento en contra de la eficiencia en términos de Pareto
es que esta última no se preocupa por las libertades en sí mismas sino por las
utilidades, debido a su carácter estrictamente consecuencialista. Esto
significa que la libertad y su promoción en sí mismas no son defendibles desde
una perspectiva rigurosamente utilitarista y neoclásica. En “Los tonos
racionales” Sen afirma: “Un estado puede ser un óptimo de Pareto con algunas
personas en la más grande de las miserias y con otras en el mayor de los lujos,
en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el lujo
de los ricos”. La optimalidad de Pareto dice Sen, “como el espíritu del César,
viene caliente desde el infierno” (Sen, 1986, 34).
O,
como dice Rawls en la Teoría de la justicia:
La justicia es la primera virtud de las
instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.
Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos
sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse
que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor
cantidad de ventajas disfrutadas por muchos (…) los derechos garantizados por
la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses
sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y
la justicia son innegociables.
Por todo lo
anterior, si me preguntaran cuál es la mejor medida del nivel de libertad
económica de la población colombiana me inclinaría definitivamente por aquellos
indicadores que miden la capacidad de ejercicio de la libertad económica, más que
por aquellos que miden la libertad económica en sí misma.
Debe
ser porqué creo que el objeto de la economía es maximizar el bienestar y no el
crecimiento. Tengo mis serias dudas de que sean lo mismo.
Muchas
gracias por su tolerancia, que es esencia de libertad.
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[1] Comentarios al Índice de
Libertad Económica presentado por el Wall Street Journal y la Heritage
Foundation, Universidad de Los Andes, Bogotá, 8 de marzo de 2004. Estos
comentarios fueron preparados conjuntamente por Alejandro Arregocés y Luis
Carlos Valenzuela con base en el contenido del curso Filosofía y Economía que
actualmente se dicta en la Universidad de los Andes.