Liberales versus libertarios[1]

 

Alejandro Arregocés y Luis Carlos Valenzuela

 

Quienes son realmente liberales generan una profunda antipatía tanto en la derecha como en la izquierda. Les tiende a ocurrir lo que le pasó a ese excelente escritor cubano que es Cabrera Infante, quien fue expulsado por Fulgencio Batista, por ser un sujeto desleal al régimen y pocos años después fue expulsado por Fidel Castro, por ser un sujeto desleal al régimen. Creo que Cabrera Infante era un excelente liberal a lo Mill; un regular liberal a lo Rawls y un deplorable liberal a lo Buchanan.

 

El liberalismo, en sus mejores exponentes, como podrían ser Locke, Kant y Mill o en versiones más contemporáneas, Constant, Bobbio y Berlin, es una defensa radical de la individualidad. De la individualidad de todos, no de unos pocos.

 

El liberalismo es la negación del teísmo medieval, del absolutismo hobbesiano, o, en términos contemporáneos del comunismo, donde alguien decide por nosotros. En las ideologías colectivas y mesiánicas hay alguien que tiene la verdad y ese alguien debe ser seguido sin cuestionamiento alguno. Nuestros gustos, nuestras esencias, o, para expresarlo en neoclásico, nuestras preferencias, pasan a segundo plano. O, más bien, desaparecen.

 

El problema es que las ideas, como la gente, a veces se van torciendo por el camino. Por ejemplo, la reforma calvinista, que era la elegía del ascetismo, se convirtió en el perfecto preámbulo de lo que en principio parecía su más temido enemigo: el consumo conspicuo. Eso explica que Estados Unidos sea la tierra del puritanismo Pilgrim y de Mickey Mouse.

 

Al liberalismo le pasó algo similar y fue que para pasar de lo político a lo económico tuvo un filtro fundamental que fue el utilitarismo de Bentham, que en aras de simplificar a Hume y su concepción puramente emocional de la ética y del bienestar, se inventó el utilitarismo. Con utilitómetro y todo.

 

Por ese camino siguieron los austriacos y Marshall, que por la vía del marginalismo sofisticaron el utilitómetro de Bentham y midieron la utilidad, como la disposición a pagar. Y de pronto, así como sin darnos cuenta, las integrales bajo la curva de demanda se nos convirtieron en la única medida de bienestar y entonces la libertad, eso tan bonito que habíamos descrito antes, se nos convirtió en la maximización de la integral. Así, todo se fue simplificando, o con el mayor respeto, banalizando.

 

Esta simplificación del concepto de utilidad, que genera serias distorsiones en el concepto de libertad, fue fuente de gran alegría en la ciencia económica, ya que le permitía pasar a sus practicantes de ese estado primario que eran las discusiones de ética para efectos de determinar una noción de bienestar, a la cuantificación de un bienestar definido como la disponibilidad a pagar. En ese momento la economía dejó de ser una ciencia blanda que trataba temas menores como la filosofía, para convertirse en una ciencia dura, con carácter eminentemente positivo y evolutivo, como las profesiones realmente merecedoras de respeto.

 

Esto, sumado a la forma como de un plumazo las cajas de Edgeworth y los intercambios paretianos se despacharon con el concepto de distribución, por su carácter normativo y ajeno a la noción de eficiencia, le hicieron un gran daño a la economía en su fundamentación del bienestar. Basta ver los currículums actuales de las facultades de economía.

 

Esta identificación plena de la utilidad con el liberalismo ha terminado validando una serie de críticas que conducen a la exaltación de la intervención del estado, promovida por los rent-seekers de izquierda: proteccionistas e intervencionistas; y por los rent-seekers de derecha: proteccionistas e intervencionistas. Siempre me ha sorprendido la afinidad entre los sindicatos estatales y los terratenientes.

 

Con el mayor respeto considero que el simplismo de una concepción de libertad y bienestar que se mide, como en lista de hit parade, con índices estructurados sobre percepciones y promedios; que ni siquiera requiere de variaciones en los coeficientes de ponderación, lamentablemente poca utilidad tiene para conducir a los países en desarrollo a la construcción de una sociedad y de una economía realmente liberal.

 

El verdadero liberalismo no privilegia los derechos individuales, cuando estos socavan las condiciones sociales que hacen valiosa la libertad individual.

 

El mercado, como bien lo expresa Hayek, es el entorno en que los individuos expresan sus preferencias, su individualidad. Los precios no son otra cosa que el equilibrio entre preferencias individuales y dotaciones existentes. El mercado es la más respetuosa expresión de la individualidad; es, aunque me caigan todas las ong encima, la forma económica en que los agentes expresan su libertad. Desde esta perspectiva, y estoy plenamente consciente de lo que esto me va a costar, los precios son valores.

 

El problema grave, lamentablemente no incorporado en los índices que hoy se presentan, es que esto es válido tan solo cuando todos y cada uno de los miembros de la sociedad se pueden constituir en agentes de mercado. En la medida en que este no sea el caso, de nada sirve proteger una libertad que muy pocos tienen derecho a ejercer. La libertad, aun la económica, primero hay que crearla, para después defenderla.

 

Nuestro nivel de desarrollo social nos conduce a acercarnos más al liberalismo de Rawls que al libertarianismo de Nozick. Los índices que hoy se presentan son todo Nozick y nada Rawls. Cabe recordar que aun Bentham, con sus maximizaciones de placer y minimizaciones de dolor, hacía énfasis sistemático en que el objeto era la mayor felicidad para todos. Repito, para todos.

 

Ese para todos, expresado por Bentham, el real espíritu del mainstream económico contemporáneo, es el que me permite afirmar que la libertad económica es un concepto amplio que no se justifica en la mínima intromisión posible del Estado, ni puede ser cuantificado exclusivamente por la contribución del mercado libre a la obtención de un mayor pib.

 

Reducir el concepto de libertad económica a la ausencia de intervención del Estado en los mercados es desconocer la naturaleza institucional de dicha intervención y la economía política que explica los complejos equilibrios y desequilibrios económicos y sociales. Las libertades económicas se encuentran lejos de estar restringidas a un problema de eficiencia.

 

En forma alterativa a la concepción libertaria de Nozick, Sen (1993) plantea tres aspectos fundamentales de libertad económica: (1) la oportunidad de conseguir logros, (2) la autonomía para tomar decisiones y (3) la inmunidad frente a la intromisión o invasión de terceros. Al índice de libertad económica le preocupan básicamente los dos últimos aspectos, pero no el primero, el de las oportunidades, que está estrechamente relacionado con la posibilidad real y equitativa de ejercer las libertades económicas y transformarlas en bienestar.

 

Quienes integran los mercados competitivos en condiciones institucionales adecuadas son beneficiarios de la máxima eficiencia posible en la asignación de los recursos, como lo demuestran los teoremas del bienestar; tienen la posibilidad de expresar sus preferencias y elegir libremente, lo que los hace felices, como señalan Hayek y Friedman.

 

Quienes se encuentran excluidos de dichos mercados no gozan de libertad económica porque no pueden revelar sus preferencias, ni ejercer su libertad de elegir, ni beneficiarse de la eficiencia máxima que los mercados consiguen. Muy poco puede contribuir un esquema de libre mercado al crecimiento y al bienestar del país si la mayoría de la población se encuentra excluida de éste.

 

Es sustancial lo que la intervención del Estado y las instituciones públicas pueden lograr en materia de expansión de libertades económicas y justicia distributiva de oportunidades sociales. Dos objetivos que los mercados competitivos no pueden proveer por sí solos. Esto es North, en su versión más básica.

 

La definición de libertad económica como ausencia de restricciones gubernamentales a las actividades económicas olvida no solamente el papel, ampliamente difundido en la literatura de economía publica, que tiene el Estado en el restablecimiento de la eficiencia en presencia de fallas de mercado, sino el de su obligación central como Estado Social de Derecho de garantizar el acceso de la población a los derechos de primera, segunda y tercera generación: derechos fundamentales; derechos económicos sociales y culturales y derechos colectivos. Tal vez por eso es que a nosotros, que sin darnos cuenta hemos sido educados como libertarios, nos molesta tanto la Constitución.

 

En términos de Rawls, una sociedad que puede decir que disfruta plenamente de sus libertades económicas así como del resto de libertades fundamentales es una sociedad bien ordenada, esto es, una sociedad que se rige por la justicia y no por la eficiencia paretiana.

 

Salomón Kalmanovitz señala acertadamente en su libro “Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia” que la razón por la cual sólo un parte reducida de la población goza plenamente de libertades fundamentales se debe a que nuestras instituciones han tendido a ser históricamente antiliberales; han tendido a incentivar la inequidad.

 

Los estudios sobre distribución del ingreso muestran que Colombia ha tenido una tendencia histórica a la alta desigualdad dentro del contexto internacional. En la actualidad, el 46,5 por ciento del ingreso se encuentra concentrado en el 10 por ciento de la población (Perry et. al, 2003). La inequidad perpetúa la pobreza porque impide que las ganancias del crecimiento la reduzcan y desacelera la expansión de libertades económicas en la medida en que restringe el acceso de un conjunto de la población al trabajo, al crédito y a la educación, al tiempo que aumenta su vulnerabilidad ante choques macroeconómicos.

 

Carlos Eduardo Vélez (2003) encuentra que el impacto de reducción de la pobreza del alto crecimiento sostenido que experimentó la economía entre 1978 y 1995 fue menguado por el empeoramiento en la distribución del ingreso. Estima que si la desigualdad se hubiera mantenido constante durante el periodo, los ingresos de la persona peor situada económicamente entre dos personas escogidas al azar, hubieran sido un 18 por ciento mayores de lo que fueron en 1995 y un 23 por ciento más elevados en 1999.

 

La expansión y el ejercicio de las libertades económicas dependen del nivel de desigualdad. Los cálculos de aumentos en ingresos que no están corregidos por su distribución no nos dicen nada sobre la dinámica de las libertades económicas.

 

Los artículos de Juan Luis Londoño y Nancy Birdsall (1997) (2003) presentan evidencia de lo anterior para el caso latinoamericano. La inequidad de activos (capital humano y propiedad de la tierra) y del acceso al crédito afectan el crecimiento económico, y éste a su vez, afecta desproporcionadamente el ingreso de los pobres. La inequidad constituye la verdadera restricción de las libertades económicas.

 

Vélez estima que los aumentos de bienestar de los hogares están directamente relacionados con la inclusión de las personas al mercado de trabajo y a la oportunidad de educarse. Por ejemplo:

 

Hogares que cuentan con un jefe de hogar: que no es bachiller, disminuyen la probabilidad de ser pobres en 6 por ciento; que es bachiller, disminuyen la probabilidad en 18 por ciento; que no terminaron la universidad, disminuyen la probabilidad en 29 por ciento; que tienen un título profesional, disminuyen la probabilidad en 46 por ciento.

 

La evidencia, lo positivo, que tanto nos gusta a quienes aquí estudiamos, demuestra que la única posibilidad que tienen las personas para ejercer plenamente sus libertades económicas y derivar de ellas bienestar, es contar con oportunidades educativas que puedan dotarlas con el nivel de calificación laboral que demanda el sector productivo. En el corto plazo, el gasto público social desempeña un papel fundamental en términos de asegurar los servicios sociales mínimos y la protección social que las personas requieren para integrarse a los mercados.

 

Quienes se encuentran marginados de las oportunidades educativas y los mercados laborales pasan a engrosar el sector informal de la economía como lo demuestran Alejandro Gaviria y Martha Luz Henao (2001. El aumento de la informalidad retrasa la incorporación del cambio tecnológico e impide que las ganancias de eficiencia puedan ser distribuidas de forma equitativa. La informalidad empeora la distribución de libertades económicas y el ingreso.

 

La intervención pública para ejecutar programas de gasto público que no son provistos por el sector privado por falta de incentivos y de gasto público social que persiguen la inclusión de la población a los mercados no puede ser considerada como una restricción a las libertades económicas.

 

 

El libre funcionamiento de los mercados es deseable cuando permite a las personas disfrutar y expandir sus libertades de forma equitativa. El mercado no es bueno per se. Es bueno si consecuencialmente se puede probar, en positivo, que es bueno. De otra forma, el mercado se nos vuelve teológico. Y a nosotros, que nos gustan las ciencias duras, lo teológico no nos gusta.

 

En Colombia el desastre real no ha estado tanto en el cuánto de la intervención del Estado, sino en el qué y en el cómo, lamentablemente guiado por rent-seekers; aquellos que están bien a la derecha y aquellos que están bien a la izquierda. Aquellos que están bien. Los defensores de los aranceles agrícolas y de los bancos públicos.

 

Cuando el Estado decide gastar en aquello que ni la Constitución ni la racionalidad económica consideran que es realmente “público” y beneficia a la colectividad, pues se genera un escenario como el actual en el cual las erogaciones en actividades que nada tienen de públicas o sociales, como los gastos de inversión en hidroeléctricas, termoeléctricas y refinerías, y los gastos en subsidios a la gasolina, entre otros, generan lo que se podría llamar crowding out social o desplazamiento del gasto en actividades que son públicas y sociales en esencia, que hubieran permitido la expansión de las libertades económicas; que hubieran permitido acceder a un estado liberal.

 

El crowding out social ha sido en este país profundamente más nocivo que el crowding out financiero. Es más, el crowding out social, originado en la nula claridad respecto a una función de bienestar que conduzca a la socialización del ejercicio de la libertad, ha sido la causa real del crowding out financiero.

 

Estos desequilibrios, originados no en el exceso de lo público sino en el desentendimiento de qué es realmente lo público, son los que excluyen, los que restringen y los que concentran las libertades. Lo malo es que cuando las libertades se concentran, las libertades desaparecen.

 

Si lo que nos importa es plantear el bienestar y el desarrollo desde la perspectiva de la promoción de libertades fundamentales y oportunidades sociales, es indispensable que comencemos a entender la eficiencia en términos de libertades, más que en términos de utilidades. Amartya Sen (1993) ha demostrado formalmente que los resultados de los teoremas del bienestar de Arrow y Debreu tienen validez si se plantea la eficiencia en el sentido anterior. De esta forma la eficiencia contemplaría una situación en la cual un equilibrio de mercado garantiza que no es posible disminuir la libertad de una sola persona, aun si se incrementa la de todos los demás miembros de la sociedad.

 

La razón principal del argumento en contra de la eficiencia en términos de Pareto es que esta última no se preocupa por las libertades en sí mismas sino por las utilidades, debido a su carácter estrictamente consecuencialista. Esto significa que la libertad y su promoción en sí mismas no son defendibles desde una perspectiva rigurosamente utilitarista y neoclásica. En “Los tonos racionales” Sen afirma: “Un estado puede ser un óptimo de Pareto con algunas personas en la más grande de las miserias y con otras en el mayor de los lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el lujo de los ricos”. La optimalidad de Pareto dice Sen, “como el espíritu del César, viene caliente desde el infierno” (Sen, 1986, 34).

 

O, como dice Rawls en la Teoría de la justicia:

 

La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos (…) los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y la justicia son innegociables.

 

Por todo lo anterior, si me preguntaran cuál es la mejor medida del nivel de libertad económica de la población colombiana me inclinaría definitivamente por aquellos indicadores que miden la capacidad de ejercicio de la libertad económica, más que por aquellos que miden la libertad económica en sí misma.

 

Debe ser porqué creo que el objeto de la economía es maximizar el bienestar y no el crecimiento. Tengo mis serias dudas de que sean lo mismo.

 

Muchas gracias por su tolerancia, que es esencia de libertad.

 

 

Bibliografía

 

Becker, G. (1983) “A Theory of Competition Among Pressure Groups”, Quarterly Journal of Economics, 98, 372-399.

 

Banco Mundial (1999). Consultations with the Poor, Global Synthesis. Summary Document. A Study to Inform the World Development Report 2000/1,. Washington, D.C.

 

Clavijo, S. (1999). Política fiscal y Estado en Colombia, Bogotá: Banco de la República, Universidad de los Andes.

 

Echavarría, J.J. (2000), “Colombia en la década de los noventa: neoliberalismo y reformas estructurales en el trópico”, Coyuntura Económica de Fedesarrollo, XXX, 3, 121-148, Bogotá.

 

Echeverry, J. C. (2002). Las claves del futuro, Bogotá: Oveja Negra.

 

Echeverry, J. C., Santamaría, M. y Andrés Escobar (2002), “Reflexiones sobre crecimiento y bienestar en Colombia”, en Economía con responsabilidad, Libros de Cambio, Bogotá: Alfaomega.

 

Honderich, Tod, editor, (2001). Enciclopedia Oxford de Filosofía, Tecnos.

 

Kalmanovitz, S. (2003). Ensayos sobre banca central. Comportamiento, independencia e historia. Bogotá: Grupo editorial norma.

 

Kalmanovitz, S. (2001). Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, Bogotá: Grupo Editorial Norma.

 

Londoño, J. L. y N. Birdsall (2003) “La desigualdad en los activos importa: una evaluación del enfoque del Banco Mundial respecto a la reducción de la pobreza”, Coyuntura Social de Fedesarrollo, 28, 25-34, Bogotá.

 

Lustig N. (2000). Las crisis y la incidencia de la pobreza: macroeconomía socialmente responsable, Serie de informes técnicos del departamento de desarrollo sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D. C.

 

Misión Social, PNUD. (1998, 1999, 2000). Informes de desarrollo humano para Colombia, Bogotá: TM editores.

 

North, Douglas. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.

 

Nozick, R. (1976). Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic Books.

 

Perry, G., de Ferranti, D., Ferreira, F.H.G. y Michael Walton (2003). Inequality in Latin America and the Caribbean, Breaking with history?, World Bank.

 

Rawls, J. (1997). Teoría de la justicia, México: FCE.

 

Sen, A. K. (2000). Desarrollo y Libertad, Bogotá: Editorial Planeta.

 

Sen, A. K. (1993), “Markets and Freedoms: Achievements and Limitations of the Market Mechanism in Promoting Individual Freedoms”, Oxford Economic Papers, New Series, 45, 519-541.

 

Sen, A. K. (1986), “Los tonos racionales”, en Hahn, Frank y Martin Hollis, eds., Filosofía y Teoría Económica, Brevarios del Fondo de Cultura Económica.

 

Sen, A. K. 2000. Desarrollo y Libertad, Bogotá: Editorial Planeta.

 

Vélez, C. E. (1996). Gasto Social y desigualdad. Logros y extravíos, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación-Misión Social.

 

Vélez, C. E. y Vivien Foster. (2001). Public Social Expenditure in Colombia: Incidence and Sector Priorities in the 90s, World Bank.

 

Vélez, C. E., Foster Vivien, Santamaría M., Millán N. y B. de la Brière (2002). Colombian Poverty Report, World Bank.

 

Vélez, C. E., Rawlings, L., Paqueo, Vic y J. Riaño (2003). “El reparto de pobreza, riqueza y desigualdad”, en Giugale, M., Lafourcade, O. y C. LUF (Eds) Colombia, fundamentos económicos de la paz, Bogotá: Alfaomega – World Bank.

 



[1] Comentarios al Índice de Libertad Económica presentado por el Wall Street Journal y la Heritage Foundation, Universidad de Los Andes, Bogotá, 8 de marzo de 2004. Estos comentarios fueron preparados conjuntamente por Alejandro Arregocés y Luis Carlos Valenzuela con base en el contenido del curso Filosofía y Economía que actualmente se dicta en la Universidad de los Andes.